El Senado aprobó durante la madrugada una nueva iniciativa sobre la ley de salud mental, distinta a la normativa vigente desde 2010, y la giró a la Cámara de Diputados para su tratamiento. En la votación general obtuvo 42 votos a favor y 21 en contra. Entre los cambios figure la revisión de criterios para internaciones involuntarias, la atención de adicciones y la composición de los equipos médicos responsables de decisiones complejas vinculadas al tema, entre otros puntos.
El proyecto busca darle prioridad a las voces de los psiquiatras, aunque en las últimas horas se acordó sumar la participación de psicólogos dentro de los grupos interdisciplinarios, ante presiones de provincias y algunas universidades. También se incorporaron aportes para contener inquietudes sobre fondos adicionales.
Como miembro informante, Ivanna Arrascaeta (San Luis), diputada libertaria y presidenta de la comisión de Salud, subrayó las intervenciones de más de 70 representantes de instituciones, asociaciones civiles y del ámbito del derecho, y llevó la conversación hacia la normativa vigente. Señaló que la internación dejó de responder a un marco clínico para convertirla en un recurso ante carencias familiares o habitacionales.
Arrascaeta aportó datos sobre los casi 16 años de vigencia de la norma actual y sostuvo que los resultados han sido insuficientes para asegurar derechos y ofrecer herramientas modernas, con avances desparejos entre jurisdicciones. Criticó un articulado desactualizado y advirtió sobre un alza de aproximadamente un 70% en las hospitalizaciones en el sistema público postpandemia. Concluyó: “Llegar a tiempo implica pasar del riesgo inminente al riesgo grave”.
En contraposición, Guillermo Andrada (Catamarca), exlegislador y médico del bloque justicialista, defendió y a la vez cuestionó actual marco de salud mental. Alertó sobre la falta de recursos y afirmó que no se puede prometer lo que no se puede cumplir; consideró que la ley podría haber sido más efectiva de contar con un marco de ejecución adecuado.
Otro médico, Carlos Arce (Misiones), leyó íntegramente su intervención, práctica que generó críticas en el recinto, y fue acompañado por su colega Elizabeth Rojas Decut. Ambos cuestionaron las partidas presupuestarias y destacaron la aceptación de financiamiento federal dentro de los aportes al proyecto.
Tras las críticas, Silvana Schneider (Radical, ex vicepresidenta de la provincia de Chaco) presentó ejemplos pedagógicos para ilustrar la realidad de las familias del interior: “Hoy, el médico de un pueblo no tiene respaldo legal para proteger a una persona en riesgo”. Belén Monte de Oca (oficialista de Tierra del Fuego) añadió que “se confundió libertad con abandono”.
La discusión dejó en claro las tensiones entre libertades, recursos y responsabilidades administrativas, y la sesión continuó con el tratamiento de los aspectos de financiación y su implementación, a la espera de la próxima etapa en la Cámara baja.
