El Poder Ejecutivo dejó vigente el bono extraordinario de hasta $70.000 para los jubilados y pensionados de menores ingresos mediante el Decreto 1296/2026. Aun así, al mantenerse estable sin ningún ajuste por inflación desde su debut en marzo de 2024, el refuerzo salarial acumuló 32 meses de congelamiento y experimentó una marcada licuación real.

Datos oficiales de fines de octubre de 2026 muestran que el bono perdió aproximadamente el 70% de su poder de compra original. Este desplome responde al ritmo inflacionario registrado en la Argentina desde marzo de 2024 hasta el último informe disponible del INDEC, periodo en el que los precios al consumidor acumularon más del 159%.

Si se quisiera recuperar exactamente el mismo poder adquisitivo que tenía al iniciarse la medida, los 70.000 pesos nominales deberían situarse hoy en unos $231.253. En la práctica, ello implica que cada jubilado que percibe la mínima deja de recibir unos $161.253 mensuales por la falta de actualización del refuerzo.

La incidencia del bono en el total de ingresos de la población de mayores 65 años también se ha resentido. En marzo de 2024, el agregado extraordinario representaba el 34,2% del ingreso total de una jubilación mínima. Con la movilidad previsional anunciada para noviembre de 2026, que elevó la base de la jubilación a $444.158,46, el bono de $70.000 pasó a significar apenas el 13,6% del total, dejando un ingreso bruto final de $514.158,45.

Aunque la base de las jubilaciones se actualiza mensualmente en función de la inflación con un rezago de dos meses, la decisión de mantener fijado el bono en $70.000 desnuda una brecha estructural en la pirámide previsional. Al no acompañar el aumento de precios ni el crecimiento de las prestaciones básicas, la ayuda estatal pierde efectividad como medida de contención social.

Como consecuencia directa de este esquema, los ingresos de la franja más baja de la escala previsional siguen operando al límite o por debajo de la Canasta Básica Total (CBT) medida por INDEC. Diversos actores, tanto judiciales como institucionales, advierten que la congelación del bono y su carácter confiscatorio agravan el deterioro de millones de jubilados y pensionados en todo el país.