Guillermo Michel, diputado de Unión por la Patria y cercano al ministro Sergio Massa, elevó formalmente la petición ante la Auditoría General de la Nación (AGN), dirigida por Juan Manuel Olmos. El objetivo es que se realice una auditoría integral de la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) en un momento clave: la proximidad de la fecha límite para rubricar el contrato que definirá el traspaso de la empresa.
El legislador, exdirector general de la Aduana, forma parte de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas del Congreso, lo que le otorga la facultad de solicitar investigaciones sobre el proceso de transferencia.
En su presentación, Michel planteó que la AGN incorpore al Programa Operativo Anual 2026 una auditoría de gestión, financiera y de cumplimiento del proceso de privatización total de AySA, específicamente la venta de la totalidad de las acciones que el Estado Nacional mantiene en la empresa.
La postura del diputado ya había sido explícita la semana pasada, cuando cuestionó la operación. En tono crítico, señaló que la cuestión afecta directamente a la gente y a servicios básicos como el agua, cuestionando quién respondería si se interrumpe el suministro a un vecino de González Catán.
El 22 de octubre, el Gobierno anunció la adjudicación de la licitación para privatizar AySA por US$340,2 millones a un consorcio integrado por Rowing SA (con vínculos a Walter Román); Arcos Saneamento e Participações SA; PHX Aqua AR BV y Transclor SA, de Mauricio Filiberti, conocido como “el Rey del Cloro”. La operación prevé la venta del 90% de las acciones de AySA que actualmente posee el Estado y afecta a unos 14 millones de usuarios.
La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 1818/2026 del Ministerio de Economía, firmada por el ministro Luis Caputo, que dio por aprobada la segunda etapa de la licitación pública nacional e internacional y adjudicó el proceso al consorcio mejor evaluado. Se fijó como fecha límite para la firma del contrato el próximo 13 de noviembre.
La privatización de AySA se enmarca en la Ley Bases, que declaró a la empresa sujeto a privatización, y en el decreto 494/2025, que autorizó la venta de la participación estatal. La modalidad prevista contempla la transferencia de al menos el 51% del paquete accionario a un operador estratégico mediante licitación pública, junto con la venta del remanente de las acciones estatales que no se enajenen por ese procedimiento. No obstante, la licitación adjudicada en esta instancia describe la venta de la totalidad de las acciones que posee el Estado nacional, según la información disponible.
