La actualización de la Ley de Salud Mental obtuvo media sanción en el Senado en la madrugada de este viernes, tras una negociación en la que la ministra Patricia Bullrich aceptó modificaciones al proyecto impulsado por el Gobierno de Javier Milei. El resultado fue 42 votos a favor y 21 en contra.
Los puntos centrales del debate estuvieron vinculados al financiamiento de los servicios provinciales y a la participación de psicólogos en las decisiones sobre internaciones. Aunque La Libertad Avanza contaba con el respaldo del PRO, la UCR y otros sectores dialoguistas, varios senadores condicionaron su apoyo a garantías presupuestarias y a cambios en la forma de integrar los equipos profesionales.
El proyecto ya había sido objeto de cambios durante su tratamiento en comisiones, pero Bullrich aceptó incorporar nuevas modificaciones para asegurar su vía hacia la Cámara de Diputados. La negociación reflejó una dificultad para el Gobierno: conseguir respaldo para modificar las reglas de atención sin que las provincias asuman mayores responsabilidades con recursos propios.
En el plano del financiamiento, las negociaciones se volvieron particularmente ásperas. Los senadores provinciales reclamaron que la reforma estableciera obligaciones claras para la Nación, para evitar que los nuevos dispositivos de atención y las mayores exigencias profesionales recaigan íntegramente en los gobiernos locales. Bullrich aceptó fortalecer la obligación de cooperación técnica, económica y financiera de la Nación con las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, y la redacción quedó abierta a la posibilidad de convenios bilaterales para definir los aportes necesarios para implementar los cambios.
Los recursos deberán coordinarse bajo el marco del Consejo Federal de Salud (COFESA) y estarán dirigidos al fortalecimiento del personal, a los dispositivos comunitarios y al desarrollo de la telemedicina, entre otras necesidades.
La discusión ya venía con antecedentes en comisiones. Varios legisladores firmaron el dictamen de mayoría con disidencias al considerar insuficientes las garantías de financiamiento. En tanto, Convicción Federal presentó un dictamen de minoría. La senadora jujeña Carolina Moisés cuestionó la posibilidad de ampliar las internaciones sin asegurar previamente la infraestructura y los profesionales necesarios, advirtiendo que deben existir recursos para las provincias y para centros comunitarios. También señaló que, manteniendo su postura, persiste la internación involuntaria en su propuesta.
Moisés subrayó, a su vez, una de las preguntas centrales de la reforma: cómo garantizar la atención de los pacientes si los establecimientos y el equipo profesional no están plenamente disponibles.
