La presidenta de la Cámara de Comercio de Salvador Mazza, Norma Gareca, confirmó que los comercios de esa localidad, situada en la frontera norte con Bolivia, se adhirieron al recurso de amparo que ya habían presentado el municipio y Aguas Blancas frente a la resolución 5910/2026 del ARCA, que impone límites al comercio internacional.

La adhesión se acordó en asamblea y se ejecutó el lunes pasado, apenas un día antes de que el juez federal Nº 2 de Salta, Diego Anzorreguy, declarara su incompetencia territorial para intervenir en el amparo que buscan revertir la disposición del organismo nacional.

El recurso fue remitido a la mesa distribuidora de la Justicia Federal para determinar si corresponde que el trámite permanezca en la Justicia Federal de Tartagal o pase a la de Orán. Tartagal está en el departamento San Martín, donde también se ubican Salvador Mazza; Orán, en el departamento homónimo, aloja a Aguas Blancas.

En su dictamen, el fiscal federal Ricardo Toranzos sumó al argumento de la territorialidad una cuestionable legitimación de los municipios administrados por Adrián Zigarán (Aguas Blancas) y Gustavo Subelza (Salvador Mazza). Los funcionarios municipales sostienen que los efectos de la resolución de ARCA podrían alterar la paz social y el orden público, además de afectar las arcas municipales por una menor recaudación. Pero Toranzos sostuvo que la legitimación activa corresponde a asociaciones de consumidores debidamente registradas.

En cambio, el juez Anzorreguy señaló únicamente la cuestión territorial para interpretar que no tiene competencia para intervenir en el amparo. Una vez definida la magistratura que debe intervenir, se resolverá si la Cámara de Comercio de Salvador Mazza está legitimada para adherirse al procedimiento.

Para los municipios, la resolución de ARCA —actualmente suspendida hasta febrero— perjudica las ventas de argentinos hacia ciudadanos bolivianos y, por ende, la recaudación local. “Ya somos dos actores de San Martín”, afirmó Gareca en Radio Nacional, al referirse a los comerciantes y al intendente Subelza, y anticipó que pedirán que el amparo se resuelva en esa jurisdicción de la Justicia Federal.

Por ahora, los comerciantes mantienen mesas de trabajo para acordar condiciones de venta que beneficien a todos los actores y buscan la participación de representantes bolivianos. Se esperan resultados para febrero o antes, dada la posibilidad de que la resolución vuelva a estar vigente. Entre los puntos cuestionados de ARCA figuran el límite de 150 dólares por persona por día para ventas argentinas y la restricción de que mercaderías como la harina solo pueda expendirse en paquetes de hasta diez kilogramos.