Milagro Sala continúa cumpliendo una condena unificada de 15 años de prisión, pero lo hace bajo régimen de prisión domiciliaria en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, tras haber sido autorizada por motivos de salud.
En febrero, el Ministerio de Justicia de la Nación —entonces encabezado por Mariano Cúneo Libarona— solicitó revocar la prisión domiciliaria y devolver a Sala a una cárcel común. El argumento central fue que la dirigente de la Tupac Amaru habría violado las condiciones de arresto al cambiar de domicilio en La Plata sin la debida autorización judicial; a la vez se señaló que las medidas cautelares previas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya habían sido levantadas. A pesar de ello, el ministerio volvió a insistir recientemente en que Sala sea trasladada a una prisión común en la provincia de Jujuy.
El panorama es interpretado por sus defensores como un endurecimiento de la presión oficial, mientras siguen vigentes las dudas sobre las condiciones de detención y el estado de salud de la detenida. El equipo médico que la atiende, encabezado por el Dr. Jorge Rachid, ha informado de forma reiterada que Sala presenta un cuadro de marcada fragilidad física y psicológica, agravado por problemas crónicos de circulación sanguínea que motivaron diversas internaciones en centros de salud de La Plata.
Este escenario coloca en el centro del debate la adecuación de la restricción de su libertad a la luz de su estado clínico, así como la decisión política de insistir en un traslado que implicaría pasarlos a una cárcel en otra jurisdicción. Mientras tanto, las fuentes cercanas a Sala subrayan que la salud de la dirigente social se mantiene como un factor determinante para evaluar cualquier medida de cumplimiento de la condena.
