En el marco de la intensa disputa política que enfrenta al gobierno de Abelardo de la Espriella con el campo étnico, popular, progresista y de izquierda en Colombia, se destaca un énfasis particular en la dimensión cultural y en la batalla por el sentido de la historia nacional. Varios actores señalan que esta lucha atraviesa los relatos históricos y los dispositivos de memoria activados por distintos pueblos, movimientos y sectores que buscan evitar el olvido, enfrentar la inercia estatal y frenar la inercia cultural que beneficia al establishment.

El actual gobierno, identificado por sus líneas ultraconservadoras y por una orientación afín a posturas sionistas, junto con ministros y congresistas aliados, puso en marcha una agenda declaradamente conservadora, anti-comunista y anti-derechos. Bajo el rótulo de una “contrarrevolución cultural”, su objetivo declarado es evitar que las instituciones públicas queden capturadas por lo que aseguran sería social–comunismo, y recuperar valores tradicionales como la familia, la patria y la creencia en Dios.

Se trata, en términos amplios, de una estrategia para reconfigurar el Estado colombiano conforme a fundamentos morales, culturales y sociales de un occidente cristiano y proisraelí, edificados sobre la tradición familiar y una identidad nacional que, según los críticos, busca eliminar cualquier vestigio de ideas comunistas.

Quienes cuestionan este enfoque señalan que la agenda gubernamental utiliza el aparato del Estado para cuestionar y desmantelar marcos de derechos diferenciales de pueblos, símbolos, políticas de diversidad, narrativas de paz y enfoques de género que se fueron consolidando en años anteriores, catalogándolos como herramientas de adoctrinamiento de izquierda.

La denominada batalla cultural comenzó a traducirse en medidas concretas que impactan la memoria histórica, las expresiones culturales y el reconocimiento de la diversidad en la nación. Un episodio relevante ocurrió el 15 de octubre de 2026, cuando el Ministerio de Cultura, bajo la dirección de Paola Holguín, ordenó retirar del Museo Nacional de Colombia más de treinta piezas, fotografías y afiches vinculados a movimientos feministas, comunidades LGBTIQ+, víctimas de violencia política, la Unión Patriótica, prácticas espirituales y culturales afrodescendientes y el Acuerdo de Paz de 2016. También se eliminaron materiales relacionados con Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo Ossa, figuras asesinadas en medio de la violencia política que marcó al país. Las autoridades justificaron la medida como una acción para combatir el adoctrinamiento político y la exaltación de organizaciones armadas.

Paralelamente, el Ejecutivo anunció su intención de renombrar el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes como el Ministerio de Cultura y Patrimonio, y de realinear sus prioridades hacia la protección del arte sacro, las tradiciones y otros elementos vinculados a la identidad cultural nacional.