La Casa Rosada justificó la actuación de los organismos argentinos con un informe de Migraciones: no hubo impedimentos vinculados a Interpol para la llegada de Flávio Bolsonaro y su grupo, y esa explicación fue formalizada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli. Con ese marco, el Gobierno argentino buscó delimitar el rol de las autoridades nacionales en el traslado del dirigente brasileño hacia Estados Unidos.

Bolsonaro ingresó a territorio argentino el martes 27 de octubre a las 22:50, por el Puente Internacional Tancredo Neves, en Misiones, acompañado por su esposa y sus dos hijas. A las 23:30 subió a un vuelo privado de Baires Fly desde Puerto Iguazú con destino declarado a Guayaquil, Ecuador, y desde ahí continuó hacia Miami. Migraciones confirmó que la familia contaba con documentación en regla y que no había antecedentes de impedimentos para salir.

La complejidad del caso, en cambio, estuvo en Brasil. El juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal, había ordenado que Bolsonaro entregara sus pasaportes y le prohibiera salir del país en una investigación por presunto lavado de dinero. La Policía Federal brasileña indicó que no registra oficialmente la salida del dirigente.

En Brasilia, Lula criticó la conducta de Bolsonaro sin endosar una acusación explícita contra Argentina. Dijo que “quien sale escondido de su país debe hacerse cargo de lo que debe” y calificó el episodio como vergonzoso, pero no señaló al Gobierno argentino. Esa distinción es relevante: una protesta formal contra Argentina podría traducirse en una ruptura diplomática de mayor calado, cuando las relaciones ya operan a nivel de encargados de negocios desde agosto, tras la retirada del embajador brasileño y la solicitud de salida del diplomático argentino, Daniel Raimondi, luego de los agravios de Milei hacia Lula en San Pablo.

Itamaraty optó por no escalar el conflicto. Según información de Infobae, la postura brasileña busca mantener una cautela y no cerrar puertas a gestos futuros, como la eventual invitación a Milei y a Donald Trump para la asunción de Lula en enero de 2027. Antes de que los cancilleres Pablo Quirno y Mauro Vieira coincidieran en Atlanta en la cumbre del G20, la única acción formal conocida fue la convocatoria a la encargada de negocios, María Emilia Cortés, para recabar información, en un contacto breve con el embajador João Marcelo Galvão de Queiroz, jefe del Departamento de Mercosur; no participó la cúpula del ministerio. Brasil describió el episodio como un “procedimiento diplomático de rigor”, sin tratarse de una reprimenda formal.

Desde Estados Unidos, la cancillería argentina sostuvo que no hubo ninguna solicitud de información. En opinión de Gabriel Puricelli, coordinador del Programa de Política Internacional del Laboratorio de Políticas Públicas, la respuesta brasileña aparece como una cautela estudiada para evitar una escalada mayor.