La delegación rosarina de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) impulsa una campaña para conocer a dónde va el dinero público destinado a la atención de la salud y a los beneficios previsionales que administra el Gobierno de Santa Fe, así como la forma en que se gestionan esos fondos. En juego están, entre otros montos, los 57 mil millones de pesos que el Iapos dejó en libertad de manejo y los 110 mil millones que llegaron a la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Gobierno nacional y a la Caja del Seguro Mutual, que la organización define como un sistema híbrido entre seguro previsional y de vida.
Bajo el lema “¿Dónde está la plata de las y los trabajadores provinciales?”, el gremio busca conocer con qué destino se emplearán esos fondos aportados por los trabajadores del sector público provincial.
“Tenemos salarios miserables, jubilaciones de hambre y una reforma previsional que a todas luces debe ser derogada, pero el Gobierno de Santa Fe recibe miles de millones de pesos de nuestros aportes y no sabemos dónde están, ni para qué se usan”, sostuvo Lorena Almirón, titular de ATE Rosario y secretaria general de la CTA Autónoma de la ciudad.
En lo que respecta a los recursos de la obra social del sector público, la dirigente señaló que “los 57 mil millones que sacaron de Iapos Solidario deben volver para mejorar la obra social”, y que “los 110 mil millones que mandó Nación por la deuda previsional tienen que ir a mejorar el ingreso de las y los jubilados”. También planteó la necesidad de una normalización seria para lograr que haya conocimiento público de la magnitud de los fondos que administra la Caja del Seguro Mutual.
¿Solidario con quién? Iapos es el Instituto Autárquico Provincial de Obra Social que presta servicios de salud a los trabajadores públicos de Santa Fe, incluida la planta municipal. “Viene de atravesar crisis y tarifazos que llevaron a la ocupación de su sede por parte de gremios”, recordaron desde ATE. El organismo creó el régimen Iapos Solidario para acceder a determinadas prestaciones que, en teoría, deberían cubrirse de forma base. Allí se recaudaron 57 mil millones de pesos, monto que el gobierno de Santa Fe autorizó transferir a la administración central para su libre disponibilidad en septiembre. “Es inadmisible esta transferencia desde los bolsillos de las y los trabajadores al Gobierno”, insistió Almirón. Subrayó, además, que deben aclarar dónde fueron nuestros aportes para prestaciones médicas y que, en su criterio, no se observa una mejora de condiciones laborales, sanitarias y salariales. El gobernador Maximiliano Pullaro debe dar explicaciones claras sobre el destino de esos fondos, reclamó la dirigente.
