Nancy Godoy, de 52 años, estaba al frente de la Escuela Primaria Rural 626, ubicada en el paraje El Malezal, en el departamento Esquina, provincia de Corrientes. Fue víctima de un homicidio por arma blanca en un hecho que sacudió a la comunidad educativa. Su desaparición se extendió durante 21 días, periodo durante el cual la familia afirmó haber recibido poca información oficial y sostuvo que no se tomaron decisiones a la altura de la situación.

La última comunicación conocida de la docente fue el miércoles 7 de octubre de 2026 a las 20:45, cuando le envió un audio a su nuera, Alejandra, describiendo las pésimas condiciones del lugar e incluso la carencia de agua potable. La escuela se hallaba dentro de la estancia El Curupí, propiedad de la familia Nemesio, que mantenía un coto de caza en el predio. Según la información, los propios dueños debían garantizar el traslado y el alojamiento de la docente, a quien mandataban convivir con empleados de la estancia; posteriormente aparecieron pertenencias suyas en el lugar.

Durante la semana, Nancy solía permanecer en ese entorno, donde la señal telefónica era débil, y regresaba a su casa los fines de semana con la colaboración de peones rurales. La denuncia por su desaparición se presentó el 14 de octubre, cuando ya no había retornado a su domicilio como era habitual. En años pasados, las autoridades reconocieron demoras: la denuncia fue recibida ocho días después y la búsqueda se lanzó 15 días tras el primer reporte.

En público, su hijo Sebastián, con gorra beige y anteojos, exigió que la investigación apuntara a los responsables y pidió que se haga justicia sin reservas. Por su parte, Nancy había asumido como directora suplente en agosto, luego de cuestionamientos contra su antecesor, Ernesto Gamarra. El 28 de agosto, la maestra envió al Consejo General de Educación un acta escrita a mano, en tinta azul, denunciando el estado de abandono de la escuela: falta de mantenimiento y limpieza, presencia de insectos y riesgos para la seguridad nocturna. Esa carta llegó a la supervisora Edith Sánchez, mientras las declaraciones oficiales posteriores fueron escasas.

El gobernador Juan Pablo Valdés expresó que deben caer sobre los responsables “todo el peso de la ley”. La causa, a cargo del fiscal Javier Mosquera, de Esquina, se tramita como “averiguación de paradero”. Según el avance conocido, cinco personas fueron detenidas; entre ellas figura el peón Ezequiel Bordón, cuyo abogado afirmó que su cliente presenta retrasos en el proceso.

El caso reabrió el debate sobre las condiciones de trabajo y la seguridad en las escuelas rurales de la región, y dejó al descubierto tensiones entre la gestión institucional y la autoridad local en torno a la supervisión y el mantenimiento de las instalaciones educativas.