Una encuesta de la firma Innova, realizada en Rosario, reveló que la inseguridad es el tema que más preocupa a los vecinos, con un 38% de respuestas a favor de esa idea. A la vez, el 64% de los consultados considera que la situación de la seguridad habría mejorado desde que Maximiliano Pullaro asumió la gestión provincial. El estudio también registra la opinión de la gente sobre otros problemas y la evaluación de la política de seguridad.

La investigación, que se llevó a cabo entre el 17 y el 19 de octubre con 400 entrevistas domiciliarias a mayores de 16 años, tiene un margen de error de ±4,5 puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%. Los resultados permiten comparar prioridades y el desempeño de las autoridades en la ciudad y la capital.

En Santa Fe, la inseguridad aparece como segundo foco de preocupación, aunque con menor intensidad que en Rosario. Allí, el 32% de los encuestados señaló este tema como el principal problema, seis puntos por debajo del registro en la ciudad de Rosario. El desempleo ocupa el segundo lugar con 18%, seguido por la obra pública y la corrupción, ambos con 11%. La pobreza totalizó 8% y el narcotráfico 6%. Las diferencias entre ciudades muestran que el desempleo pesa más en la capital provincial, mientras que en Rosario la seguridad y el narcotráfico cobran mayor relevancia.

En lo que respecta a la evaluación de la gestión de seguridad a nivel provincial, la capital registra un 49% de ciudadanos que creen que la seguridad mejoró desde la llegada de Pullaro, frente al 47% que discrepa. En Rosario, la valoración favorable alcanza al 64%.

La percepción general de la gestión provincial en la capital se sitúa en 57% de opiniones positivas y 41% negativas. En tanto, el intendente de la capital, Juan Pablo Poletti, obtiene un balance de 50% de apoyo y 48% de rechazo.

El debate sobre ampliar las herramientas de intervención policial crece en la Legislatura santafesina. Uno de los proyectos en tratamiento busca habilitar controles de teléfonos celulares en la vía pública para verificar el IMEI, confirmar si el equipo está denunciado por robo y, de ser necesario, retenerlo. El diputado Marcos Corach cuestionó duramente la iniciativa y sostuvo que otorga un poder desmedido a las fuerzas de seguridad, sin pasar por una orden judicial ni respetar el debido proceso.

La discusión adquiere mayor trascendencia ante los casos judiciales que involucraron a agentes en Santa Fe durante el último año. En Rosario, un suboficial de la Policía de Acción Táctica fue condenado a ocho años de prisión por liderar un grupo que llevó a cabo allanamientos ilegales.