La Legislatura avanzó con una media sanción al proyecto que incorpora figuras vinculadas al vandalismo rural al Código Penal, un cambio que, para muchos actores del sector agropecuario, representa uno de los movimientos más relevantes de los últimos años. No se trata solo de endurecer penas, sino de encarar una discusión que durante décadas estuvo postergada: la brecha entre la protección jurídica de la propiedad en las ciudades y la del ámbito rural.

El impulso nace de una realidad reiterada por productores, entidades agropecuarias y fuerzas de seguridad: roturas de silobolsas, daños a instalaciones, ingresos no autorizados a establecimientos —incluido el accionar de cazadores ilegales—, ataques a sistemas de riego, robo de animales y episodios de violencia contra familias rurales. Detrás de cada hecho persiste una sensación de vulnerabilidad y, sobre todo, una limitación en la capacidad del Estado para responder.

El objetivo del proyecto es convertir conductas que hoy suelen tratarse como contravenciones en delitos punibles. En el debate se citó con frecuencia el ingreso sin permiso a un campo como ejemplo típico: mientras que entrar a una vivienda urbana es perseguible penalmente, en los predios rurales la respuesta legal a menudo resulta más estrecha, incluso cuando hay temor o riesgo para quienes viven o trabajan allí.

El diputado nacional Martín Ardohain (PRO-La Pampa), presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara baja, resumió la idea con una frase que probablemente quedará grabada en la discusión: “se terminan las luces y se termina la ley”.

Otro aspecto relevante es la mirada actualizada sobre los activos productivos. El Código Penal, redactado en 1921, no contemplaba herramientas que hoy forman parte central de la producción: silobolsas, paneles solares, sistemas de riego, bombas sumergibles y equipamiento tecnológico. Los daños a estos bienes suelen provocar pérdidas económicas significativas, pero no siempre encontraban una tipificación adecuada en la normativa vigente.

Sin embargo, reconocer que la solución no pasa únicamente por una reforma legal es central. Ardohain señaló que el verdadero desafío empezará después de una posible sanción definitiva: una tipificación penal y las penas pueden no ser efectivas si no hay patrullas rurales operativas, recursos logísticos, capacitación policial, fiscales especializados y una Justicia capaz de investigar y sancionar con rapidez.