La Corte Suprema de La Rioja incorporó este jueves al ámbito de un proceso ordinario la acción presentada por CAMMESA contra la gestión eléctrica impulsada por el gobernador Ricardo Quintela. El tribunal resolvió declarar su competencia originaria en el expediente CSJ 1847/2024 y dispuso el traslado por 60 días, con notificación al gobernador y al fiscal de Estado. Asimismo citó al Estado nacional, a través del Ministerio de Economía, para intervenir como tercero.

La demanda apunta al Decreto provincial 370/2024 y a la Resolución 133/2024 del Ministerio de Agua y Energía. Según lo expuesto en el escrito recogido por la Corte, esas normas impidieron aplicar el precio estacional fijado por la Secretaría de Energía y permitieron descontar de las compras mayoristas créditos reconocidos a usuarios.

CAMMESA sostuvo que esa decisión alteró la cadena de pagos del mercado eléctrico. La deuda que se informó al promover la acción asciende a $8.183.406.774,76: se trata del monto inicial reclamado por la accionante, no de un saldo actualizado a octubre de 2026 ni de una condena de pago dictada en este proceso.

La normativa provincial contemplaba que el gobierno de La Rioja asumiera de forma transitoria el costo mediante un fondo de compensación. La empresa mayorista señaló que la Provincia no realizó pagos por esas compras, acusación que forma parte del litigio y debe distinguirse de una conclusión definitiva de los jueces.

El beneficio para los usuarios, según la resolución citada por la Corte, también dependía de la presentación de acciones judiciales contra el cuadro tarifario nacional. En este marco, el conflicto abarca tanto la política de precios local como el financiamiento de la energía que compra la distribuidora.

La resolución lleva las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Los magistrados no declararon inconstitucionales las normas cuestionadas ni otorgaron la medida cautelar solicitada por CAMMESA; dejaron ese análisis para después de las respuestas o del vencimiento del plazo correspondiente.

Con la decisión del 29 de octubre, el planteo pasó a ser un proceso ordinario ante el máximo tribunal y se ordenó a la Provincia responder la demanda contra el régimen eléctrico de Quintela.