Buenos Aires, 1 de noviembre. El sector yerbatero atraviesa una de sus etapas más críticas de las últimas décadas, con una degradación económica que amenaza la subsistencia de miles de familias agricultoras.

La crisis se acentúa tras la desregulación de las funciones del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), impulsada por la administración de Javier Milei, que dejó sin efecto la capacidad de fijar precios mínimos de referencia para el sector.

La cosecha total de 2026 registra una caída interanual superior al 5%, y miles de pequeños productores enfrentan deudas o se trasladan temporalmente a países vecinos para poder subsistir. A nivel oficial, se defiende la libertad de precios como motor para bajar el costo al consumidor y aumentar las exportaciones, pero la realidad en el campo muestra otra lectura.

En Misiones, Julio Petterson, presidente de la Asociación Civil de Productores Yerbateros del Norte (ACPYN), sostuvo ante Noticias Argentinas un diagnóstico alarmante sobre la rentabilidad y el funcionamiento de la actividad en la provincia. Según sus cálculos, las condiciones actuales obligan a trabajar por debajo de los costos reales de producción, ante una inflación persistente y subas de combustibles que tensionan aún más la ecuación.

“Deberíamos estar vendiendo al menos entre 630 y 640 pesos el kilo de hoja verde en secadero, considerando costos, inflación y los combustibles recientes; hoy la rentabilidad es nula y producir equivale a perder dinero”, afirmó Petterson al detallar la situación en el tambo de la chacra. En ese marco, alertó que la actividad ya opera con pérdidas.

El DNU 2370 figura como eje de la desregulación que, para los productores, funciona como un certificado de defunción para el productor primario. Informes del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) y estadísticas sectoriales señalan que los costos de producción reales calculados por el INYM superan con creces lo que paga el mercado en chacra, generando una pérdida por unidad que golpea directamente a la cadena de valor primaria. Además, los pagos se realizan cada vez con mayor frecuencia a plazos de hasta 120 días y se observa un incremento de cheques rechazados, lo que erosiona la liquidez de los productores.

Petterson indicó que el valor recibido por kilo de hoja verde puesta en secadero oscila entre 230 y 280 pesos, brecha que contrasta con los montos necesarios para cubrir la estructura de costos y que, de consolidarse, marginaría aún más al eslabón primario de la cadena.