El Senado avanzó este viernes con la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental, una iniciativa impulsada por el Gobierno que llevó meses de debate y fuertes cruces entre oficialismo y oposición por cambios en la gestión del sistema y su financiamiento. El proyecto modifica distintos apartados de la Ley 26.657, vigente desde 2010, y fue defendido por el oficialismo como una actualización necesaria para el servicio de salud mental.
La votación obtuvo 42 apoyos, 21 rechazos y ninguna abstención, y la iniciativa quedó girada a la Cámara de Diputados para continuar su tratamiento legislativo. Entre los cambios propuestos figuran modificaciones en las internaciones involuntarias, la intervención de equipos interdisciplinarios y la atención de personas con consumos problemáticos y otras adicciones. Algunas modificaciones se introdujeron incluso minutos antes de empezar el debate.
En su carácter de ponente, la senadora Ivanna Arrascaeta, de San Luis, explicó que la norma vigente contiene derechos y garantías valiosas, pero que sus resultados no han garantizado la efectividad de esas garantías, por lo que se requieren herramientas para adecuar el sistema. Entre las modificaciones mencionadas, abundó que se reemplaza la expresión “padecimiento” por “afección o trastorno mental”, lo que permitiría intervenciones más oportunas.
Arrascaeta agregó que, desde la sanción de la ley vigente, la internación dejó de responder a necesidades clínicas y pasó a ser una respuesta ante carencias de vivienda y apoyo familiar. También indicó que el plan de salud mental propone un marco común para las distintas provincias, que cada jurisdicción deberá implementar de acuerdo a sus recursos, porque la norma quedó desactualizada pese a reconocer modelos de atención dispares.
La senadora Silvana Schneider, de la Unión Cívica Radical del Chaco, respaldó la iniciativa y afirmó que la reforma se orienta a acompañar a las familias y brindar herramientas de cuidado a las personas con padecimientos de salud mental. Señaló que “la ley pone a la salud mental en el eje” y que permite ver el panorama completo, no solo una escena aislada.
La visión de la oposición también estuvo presente, con cuestionamientos sobre el contenido y, especialmente, sobre los recursos destinados a su implementación. La senadora María Celeste Giménez Navarro (San Juan) sostuvo que la salud mental no puede ser un privilegio de quienes pueden pagarla y calificó la propuesta como una reforma regresiva en un contexto de políticas de recorte y desigualdad.
En suma, la votación de este viernes dio media sanción a un proyecto que busca modernizar la Ley 26.657, con un marco más flexible para intervención temprana y una mayor armonización entre las provincias, y que ahora pasa a tratamiento en la Cámara de Diputados.
