En la Cámara baja, las tratativas por el proyecto de Presupuesto 2027 quedaron en un compás de espera tras la decisión del oficialismo de cancelar, el miércoles pasado, la reunión de comisión que buscaba emitir un dictamen de mayoría. Del otro lado, un grupo de aproximadamente diez diputados se prepara para viajar a Estados Unidos para seguir de cerca las elecciones legislativas que pueden definir el rumbo de Donald Trump. Desde el PRO, la UCR y los bloques provinciales sostienen que aún no obtuvieron respuestas de los libertarios sobre sus principales reclamos.

“Todo está muy verde”, resumió un legislador del bloque macrista al tiempo que advertía que, si bien no cuestionan la aprobación en general del texto, las negociaciones podrían prolongarse hasta el 25 de noviembre, fecha que se baraja como tope para avanzar con la media sanción en Diputados. En ese marco, hablan de la posibilidad de caer algunos artículos, como los vinculados a Discapacidad.

Los apartados que contienen las partidas para Discapacidad son observados con especial atención por los aliados. A pesar de que recientemente se aprobó una ley de Discapacidad con amplio consenso —apoyada incluso por el peronismo—, los representantes del Ejecutivo no terminan de confirmar si eliminarán los artículos originales que contenían recortes significativos. “No te dicen nada”, afirmó con una risa incrédula un legislador aliado.

Esta semana, los gobernadores del norte recibieron con alivio la resolución que reglamenta los subsidios a la energía eléctrica por “zona cálida”, un instrumento de negociación que permitió al Gobierno obtener respaldo para recortar subsidios al gas en las “zonas frías”. Aunque la versión oficial cumple con lo acordado, desde el norte recalcan que preferirían que esa medida tenga rango de ley, como sucede con la zona fría. Aun así, reconocen que la Casa Rosada cumplió con su palabra.

En cambio, las perspectivas respecto a otros reclamos son mucho más pesimistas. Tanto aliados como opositores duros señalan que el Gobierno no está cumpliendo la ley al destinar lo recaudado por el impuesto a los combustibles líquidos al mantenimiento de las rutas nacionales, destinándolo en cambio para robustecer el superávit fiscal. Por ello, exigen una reducción sustancial del tributo, algo que, admiten, difícilmente cederán.

En el frente educativo, el financiamiento universitario genera diferencias internas en la oposición dialoguista. El proyecto propone un poco más de 7 billones de pesos para todas las universidades nacionales, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) exige al menos 11 billones para sostener su funcionamiento. En ese marco, la postura de la UCR, alineada con el sector que busca diálogo, añade otro componente de fricción al proceso de negociación.