En Fontana, el juicio oral contra 10 agentes de la Policía provincial se inició a principios de octubre y se proyecta su conclusión para mediados de noviembre. Los imputados están acusados de cometer abusos físicos y psicológicos contra jóvenes de la comunidad Qom durante la madrugada del 31 de mayo de 2020, en el Barrio Banderas Argentinas, con señalamientos de uso ilegítimo de la fuerza y detención arbitraria.

Según la acusación, al ingresar a los domicilios de las víctimas, los policías lo hicieron de forma violenta, sin orden de allanamiento y mediante forcejeos, empujones, golpes y uso de armas de fuego. Tras la detención de Celeste Daiana Fernández, Cristian Rodolfo Fernández, Alejandro Delio Saravia y Rebeca Griselda Garay (la menor de las víctimas), los efectivos habrían continuado con actos de tortura y malos tratos que quedaron parcialmente registrados por cámaras de la comisaría, dejando a los jóvenes con lesiones de gravedad.

En 2022, Amnistía Internacional Argentina se presentó como amicus curiae dentro del proceso, enfatizando la obligación del Estado de prevenir, investigar y sancionar adecuadamente los delitos de tortura y abuso físico y psicológico, especialmente por el contexto de pertenencia de las víctimas a la comunidad Qom.

En una entrevista con Noticias Argentinas, Noelia Garone, directora de Protección y Promoción de Derechos Humanos en AI Argentina, aportó detalles sobre los implicados y las víctimas. Según explicó, de los 10 imputados, solo dos dejaron de desempeñar funciones; el resto continúa en servicio dentro de la Policía provincial y nunca abandonó su cargo. Sobre las motivaciones del ingreso a las viviendas, indicó que esa madrugada se ingresó de forma violenta a tres domicilios sin orden de allanamiento, se detuvo a cuatro jóvenes tras forcejeos y agresiones, y se insultó a las víctimas vinculando su pertenencia étnica, aunque no se conocen aún los motivos exactos de la operación.

Garone también resaltó la situación de las víctimas: durante una misión de AI en Fontana en 2021, se realizaron entrevistas con la familia Saravia y se documentaron testimonios que mostraron las secuelas significativas de los hechos en los jóvenes detenidos. Los informes periciales correspondientes forman parte de la evaluación en curso para entender el impacto de la intervención policial.