En agosto se quedó sin trabajo Andrea Ulere, una de las trabajadoras desvinculadas de Granja Tres Arroyos. Su estadio quedó marcado por el cierre de la planta instalada en Capitán Sarmiento, localidad bonaerense con aire de pueblo que se vio devastada por la caída de la fábrica. Antes, sus hijas le regalaron un viaje para el Día de la Madre; ahora, describe con poco humor que ya no espera grandes lujos y se conforma con cambios simples en su rutina cotidiana.
En otro punto del Gran Buenos Aires, Laura, residente en Lanús, describe la tarea de sostener a dos hijas: una universitaria y otra que cursa una secundaria privada. Es dueña de una casa con pileta, que evalúa convertir en salón de fiestas para sobrevivir. Su último empleo formal fue hace dos años y, desde entonces, acumula cuatro cuotas escolares pendientes.
“Este es el primer año en que me pregunto si vamos a comer hoy”, afirma, dejando claro que vivir al día se volvió la regla. La referencia a no llegar al día 20 ni al día 30 del mes se repite en varias historias de quienes quedaron fuera del mercado laboral. En el segundo trimestre, la desocupación alcanzó 7,9%, definido por los especialistas como un umbral que se siente en el conurbano, donde varias tasas superan dígitos. A la luz de un informe de Fundar, bajo el gobierno de Javier Milei se registró la mayor pérdida de empresas de los últimos 24 años: 15.475 en el último año y 32.290 desde noviembre de 2023.
Quienes pierden empleo se ven obligados a competir con quienes todavía tienen trabajo, pero que buscan nuevas oportunidades. Investigadores Juana Garabano y Gustavo Assusa (IDH-Conicet-UNC) señalan que muchos trabajadores salen a buscar piezas de ingreso para no caer en la vulnerabilidad.
Entre los casos de cierre, Martín Gómez representa a uno de los cien despedidos de Unionbat, la fábrica de baterías Willard en Gualeguaychú, que cesó operaciones el 26 de junio. Ese día, los trabajadores del turno vespertino no pudieron ingresar y al turno matutino lo despidieron ante un escribano. La empresa justificó la salida por la imposibilidad de competir con baterías importadas de Brasil y de China.
Gómez, que ejercía como delegado, relató que la filial de San Martín, en Buenos Aires, donde funcionaba la sede administrativa, les comunicó que no habría reapertura mientras persista la actual orientación política. Si bien la empresa prometió indemnización completa, no dio pagos y dejó a los trabajadores en una lista de acreedores cuando hubo acampe y la intervención de la Secretaría de Trabajo; la compañía terminó presentándose a concurso de acreedores. Aun hoy, los exlaburantes no cobraron y permanecen en esa lista, a la espera de una resolución.
