Un informe del Círculo de Políticas Ambientales y Sin Azul No Hay Verde advierte que, pese al incremento de las ventas externas, el control público sobre la actividad pesquera se deterioró en ese mismo periodo. El documento utiliza datos oficiales de la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca para presentar una caída de la alcance de la fiscalización y una baja en la transparencia de la explotación de los recursos marítimos.

Entre 2023 y 2025, la proporción de viajes pesqueros con inspectores embarcados pasó del 20% al 15%, y esa cifra se mantuvo sin cambios durante el primer semestre de 2026. En la actualidad hay apenas 64 inspectores para vigilar más de 7.400 viajes anuales, lo que implica una carga de 116 operaciones por trabajador, más del doble de lo que se registraba en 2021.

Las áreas de mayor peso comercial son las que muestran las mayores deficiencias. En la pesca del calamar Illex, que lideró las exportaciones por volumen en 2025, solo el 9% de las operaciones recibió supervisión presencial. En tanto, para langostino y merluza la cobertura supervisoría ronda el 20%.

El informe también señala incumplimientos normativos relevantes. Aunque la ley exige inspectores en todas las embarcaciones de 33 metros o más, la cobertura entre 2023 y 2026 no superó el 56%. A este escenario se suma que el sistema de cámaras de vigilancia, establecido en 2010, nunca llegó a funcionar.

Juan Coustet, coordinador de Sin Azul No Hay Verde, sostuvo que “mientras el sector pesquero exporta más que nunca, el Estado controla cada vez menos”. Además, el estudio cuestiona las restricciones para acceder a información sobre las empresas que explotan los recursos marinos.

El documento señala que las autoridades cambiaron criterios de registro estadístico, lo que dificulta la comparación con años anteriores y la evaluación independiente de los controles. En ese marco, las organizaciones reclaman ampliar la plantilla de inspectores, priorizar las actividades de mayor volumen y riesgo, y garantizar el acceso público a los permisos pesqueros. La preocupación central es que el crecimiento de las exportaciones vaya acompañado de una menor capacidad estatal para gestionar y proteger los recursos naturales que pertenecen a toda la sociedad.