En el inicio de la sesión, el jefe del bloque del PJ, José Mayans, sostuvo que el país atraviesa un estado de inercia provocado por lo que describió como fracaso de la política del gobierno. “Tenemos un país prácticamente paralizado”, afirmó, y agregó que “una visión meramente especulativa, con un proyecto de incentivos no basta” al referirse al plan de Régimen de incentivos para grandes inversiones.

El punto principal de la jornada es la reforma a la Ley de Salud Mental, que introduce cambios en las internaciones voluntarias, los controles judiciales y la integración de los equipos profesionales que intervienen en cada caso. Entre las iniciativas también figuran dos resoluciones: una para invitar al Papa León XIV a hablar ante el Congreso durante su visita al país, y otra que contempla beneficios para inversiones desde US$12 millones.

Otra medida buscaba convocar al jefe de Gabinete, Diego Santilli, para que presente su informe de gestión. La convocatoria quedó desactivada luego de que el funcionario acordara concurrir a la Cámara el 25 de noviembre; será su primera exposición ante el Senado desde que asumió el cargo el 30 de junio.

El proyecto central, centrado en la Ley de Salud Mental, propone que las internaciones voluntarias sean comunicadas a la Justicia. Los jueces podrán solicitar informes y peritajes, e incluso dejar sin efecto la internación si corresponde. Asimismo, las internaciones que superen 180 días —ya sea de forma continua o acumulada en un periodo de dos años— serán consideradas prolongadas y tendrán la intervención de un órgano de revisión de oficio, con la creación de un registro específico.

La iniciativa mantiene la prohibición de los manicomios y prioriza tratamientos ambulatorios y comunitarios. También incorpora la ludopatía como adicción, autoriza teleconsultas con psiquiatras y permite que las personas hagan constar de antemano su aceptación o rechazo a determinados tratamientos.

Uno de los puntos más controversial es quién puede firmar una internación. La versión vigente establece que la firma debe ser de un médico, preferentemente un psiquiatra, o de un profesional con formación en salud mental; además, se introduce una segunda firma, pensada para ser realizada por psicólogos que participarán en la evaluación y en el alta.

El Consejo Federal de Salud (CoFeSa) pidió que ambas profesiones reciban igual prioridad. Por su parte, varias provincias expresaron objeciones por el costo que implicaría implementar los cambios.

La otra resolución discutida propone invitar al Papa León XIV a dirigirse al Congreso durante su visita a Argentina, prevista del 8 al 11 de noviembre, con actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján y una reunión con el presidente Milei en la Casa Rosada. La agenda publicada por el Vaticano no incluye una visita al Congreso, lo que en el Senado alimenta dudas sobre la concreción de la invitación.

La cobertura no especifica otros detalles verificables en este momento, y la sesión continúa con la eventualidad de futuros anuncios sobre estos ejes temáticos.