El gobierno de Javier Milei mantiene como gran apuesta la contención de la inflación y la generación de señales positivas para los mercados, con la expectativa de que la reactivación llegue por medio de grandes inversiones. Sin embargo, la realidad económica muestra indicios contrarios: cierre de empresas por falta de consumo y una ola de despidos que empuja a más personas hacia el cuentapropismo y, en última instancia, a la pobreza.

Este jueves, una comitiva de altos funcionarios arribó a Rosario para participar de un acto de promoción del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). En lugar de aplausos, la audiencia respondió con abucheos, bombos y consignas de protesta.

Entre los enviados desde la Casa Rosada y el Congreso estuvieron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

El evento contó con la participación de nueve gobernadores cercanos a la gestión liberal, la cúpula de la administración de Maximiliano Pullaro y 43 de las mineras más importantes del país.

En diálogo con Radio 750, Daniel Arrieta, secretario general de Dragado y Balizamiento y de la CATT Regional Rosario, explicó el origen de la propuesta y por qué se eligió Rosario para esa jornada. Señaló que, frente a la llegada de figuras nacionales, el movimiento de gremios quiere hacerse visible y dejar claro que la lucha social se libra en la calle.

Arrieta aseguró que en Rosario hay hambre y desocupación creciente, y mencionó despidos recientes, poniendo como ejemplo a Electrolux, que estaría afectando a unos 200 trabajadores, un hecho que, afirmó, no siempre logra visibilizarse.

Asimismo, indicó que venía trabajándose con industriales, comerciantes y pymes desde hace tiempo y que, en su lectura, se trata de una problemática que podría repetirse en diciembre si no se atiende. Aseguró que la postura del gobierno local no coincide con la de todos los actores, pero subrayó que la gobernanza se sustenta en la aprobación de 13 gobernadores, a los que llamó a hacerse sentir.

Para cerrar, afirmó que no buscan atribuir culpas exclusivamente al gobierno nacional, sino entender que la realidad de las familias es compleja y que la verdad de la calle no siempre llega a los diarios.