Buenos Aires, 30 octubre (NA) – La secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy, resaltó que la seguridad jurídica es central en las reformas del Gobierno orientadas a fomentar la inversión privada. Lo hizo durante una exposición en un encuentro de IDEA, con la moderación de Bernardo Cassagne, donde subrayó que las medidas oficiales buscan convertir a Argentina en un país más previsible, estable y favorable a la inversión.
La funcionaria sostuvo que las inversiones llegan cuando existen reglas claras, instituciones previsibles y confianza de que los compromisos asumidos serán respetados a lo largo del tiempo. Añadió que, en la Secretaría, gran parte del trabajo consiste en traducir decisiones políticas en normas estables y ejecutables.
Mencionó que, desde el inicio de la gestión de Javier Milei, se planteó el objetivo de liberar al país de capas de intervencionismo acumuladas durante décadas. Bajo la premisa de que donde no hay certeza no hay inversión, advirtió que la superposición de normas, trámites excesivos y la intervención estatal generan incertidumbre, frenan inversiones y dificultan la aparición de nuevos actores.
Entre las reformas más relevantes, la funcionaria destacó la Ley de Bases y el DNU 70/2023 como instrumentos centrales para modificar el marco jurídico: autorizan privatizaciones, permiten modernizar la Ley de Procedimientos Administrativos, crean el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y delegan facultades legislativas por un año. Ibarzabal Murphy aseguró que esa delegación permitió reorganizar organismos, eliminar fondos fiduciarios y simplificar trámites.
Sobre el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, remarcó que fue diseñado para dar certidumbre a proyectos con alto desembolso de capital y plazos de recuperación largos. Según su criterio, el sistema ofrece las reglas que se quieren para el mañana: estabilidad por 30 años, un marco tributario y cambiario competitivo y protección frente a cambios arbitrarios.
La secretaria informó que el RIGI cuenta con 27 proyectos aprobados por más de US$75 mil millones y otros 21 en evaluación por más de US$130 mil millones, abarcando sectores como minería, energía, infraestructura, automotriz, siderurgia y energías renovables. También aclaró que los beneficios se dirigen a inversiones nuevas y que su implementación debe procurar minimizar distorsiones en la competencia.
Al referirse al caso YPF y al impacto de las decisiones estatales en la reputación internacional del país, afirmó: “La única instrucción política que recibo es hacer las cosas bien”. Además, enfatizó la importancia de respetar procedimientos, identificar riesgos y construir soluciones sostenibles para fortalecer la seguridad jurídica. Concluyó que su tarea es procurar que las reglas vigentes hoy permanezcan disponibles mañana.
