En un encuentro conjunto de las comisiones de Defensa, Relaciones Exteriores y Legislación Penal, la coalición que respalda al gobierno selló un dictamen favorable al proyecto de defensa de la soberanía nacional. El acuerdo aprobado permitirá que la iniciativa sea tratada en una sesión programada para el 12 de noviembre.
El trámite contó con la participación de los bloques afines a La Libertad Avanza, junto con socios de otras fuerzas, y tuvo como presencias a los libertarios Carlos Zapata, Juliana Santillán y Laura Rodríguez Machado, al frente de las comisiones involucradas.
Entre los cambios acordados, el oficialismo introdujo modificaciones para limitar las sanciones a las filiales de compañías que operen en Malvinas, manteniendo un peso menor en efectos de sanción para filiales sin participación relevante en los proyectos controvertidos, alineándose con una propuesta de Estados Unidos. En la práctica, las sanciones quedarían dirigidas principalmente a aquellas personas o entidades con participación directa en los proyectos cuestionados, como Sea Lion, un proyecto de extracción petrolera en la Cuenca Malvinas Norte, promovido por la firma británica Rockhopper y la israelí Navitas.
En cuanto a las penalizaciones cuando no se puede fijar un monto claro, se contemplaría un rango de entre 2.000 y 40.000 barriles de petróleo, lo que implica una duplicación de la multa prevista originalmente.
Además, se incorporó el Ministerio de Seguridad al Consejo de Seguridad, cuyo conjunto de integrantes pasa a incluir al Presidente, el Canciller, los ministros de Defensa y Economía, el titular de la SIDE y el Secretario Legal y Técnico. También se autorizó la participación del titular de la Cámara de Diputados, del presidente provisional del Senado, de gobernadores y del Ministerio de Seguridad Interior como miembros no permanentes para afrontar cuestiones críticas.
Otra novedad es la creación de la Comisión Bicameral de Seguimiento de Asuntos de Seguridad Nacional, integrada por ocho legisladores, destinada a monitorear el funcionamiento y el avance de la ley.
En paralelo, se modificó un artículo que imponía penas de 5 a 12 años para quienes, por cuenta, orden o financiamiento de un Estado extranjero, alteren procesos electorales o manipulen la opinión pública. En esa norma se excluyeron expresamente al periodismo, la investigación académica, la actividad diplomática y la representación abierta de intereses.
En el terreno de los apoyos, el bloque de mayoría presentó un texto con 60 firmas provenientes de La Libertad Avanza, PRO, la UCR y Provincias Unidas, con la adhesión de parlamentarios como Gisela Scaglia, Sergio Capozzi y José Núñez. En la vereda opuesta, Unión por la Patria presentó un dictamen de minoría con 38 diputados. También participaron otros bloques: Esteban Paulón junto a Carlos Gutiérrez y Juan Brügge; y Myriam Bregman, de la izquierda, impulsó su propio despacho.
