La negociación por el Presupuesto 2027 no marcha como esperaba el oficialismo. La reunión para la firma del dictamen, programada para este miércoles, quedó en suspenso por la ausencia de apoyo de bloques aliados y se pone en juego la sesión prevista para el 18 de noviembre. En el entorno del bloque opositor, encabezado por el PRO, junto a la UCR y la bancada de Argentina Federal, se elevaron objeciones a varios puntos centrales de la ley de leyes.

Martín Menem y su equipo intentaron contener a los aliados, pero no lograron avanzar con respuestas concretas a las inquietudes planteadas, que el PRO considera como una “paritaria” a cielo abierto. Entre las demandas figura incluir en el Presupuesto 2027 las transferencias de coparticipación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un tema que ha generado tensión dentro del peronismo dialoguista y que podría alterar el calendario oficial.

La fracción que se opone dentro del espacio de diálogo podría marcar el ritmo de la agenda oficial, que esperaba conseguir la sanción en Diputados antes del cierre del período de sesiones. En este marco, la bancada amarilla insistió en varios puntos clave que no obtuvieron respuesta inmediata: reducir el impuesto a los combustibles, exigir mayor transparencia en las concesiones viales, autorizar operaciones de financiamiento para la Ciudad y regularizar las transferencias de coparticipación a Buenos Aires, incluyendo la prevista cancelación de deudas acumuladas desde abril, que ascienden a 628.196.960.411 pesos y fueron actualizadas con base en la inflación a septiembre de 2026. Horas antes, desde el bloque opositor destacaron que esperan que estas cuestiones queden reflejadas en el proyecto y reiteraron que, sin ellas, el presupuesto carece de respaldo suficiente.

El debate también alcanza los recursos destinados a discapacidad y al financiamiento universitario. En discapacidad, el oficialismo acordó retirar del capítulo VI las disposiciones que desfinancian al sector, aunque persiste el debate sobre incorporar las partidas necesarias para cumplir con el nuevo proyecto de discapacidad, que obtuvo media sanción en Diputados y aguarda tratamiento en el Senado.

En lo que respecta al financiamiento universitario, la UCR lideró la oposición al gasto propuesto por el Gobierno, que propone 7,7 billones de pesos para las universidades, frente a los 11 billones que reclaman los rectores. El bloque de Argentina Federal elevó su presión con iniciativas para asegurar la ejecución plena de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y la Recomposición del Salario Docente. Alberto Arrúa, diputado misionero, presentó un proyecto de resolución para que el Ejecutivo adecue el Presupuesto 2027 y garantice que las obligaciones de la ley se traduzcan en partidas concretas, evitando que las universidades operen con recursos insuficientes y previsiones desactualizadas.

En la Comisión de Presupuesto y Hacienda avanzan las discusiones, pero la falta de acuerdo entre el oficialismo y los bloques opositores mantiene la incógnita sobre la viabilidad de aprobar el proyecto en los tiempos previstos.