La administración dio luz verde este miércoles a un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por hasta US$1.500 millones, destinado a robustecer las cuentas fiscales de las provincias argentinas. La aprobación se formalizó mediante el decreto 1285, suscripto por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo, y publicado en el Boletín Oficial.

El BID autorizó un primer desembolso de US$750 millones para financiar el Programa de Mejora de la Coordinación Fiscal Provincial. El objetivo es sostener la viabilidad fiscal de las jurisdicciones mediante una mayor eficiencia del gasto y del financiamiento público, además de optimizar la recaudación de ingresos propios.

La operación forma parte de una Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión (CCLIP) por US$1.500 millones, creada para fortalecer la coordinación fiscal en Argentina y aprobada por el directorio del banco en septiembre del año pasado.

El préstamo tiene un plazo de desembolso de cuatro años. La devolución se extenderá a lo largo de 25 años, con un periodo de gracia de cinco años y una tasa de interés indexada al SOFR.

Esta operación, según indicaron desde el BID, apoya una de las prioridades centrales de la Estrategia de País 2025-2028 para Argentina: aumentar la sostenibilidad fiscal y mejorar la eficiencia del gasto público. Viviana Alva Hart, representante del BID en Argentina, había destacado esa orientación en septiembre.

El programa prevé la participación de hasta 15 provincias, que podrán recibir transferencias condicionadas al cumplimiento de resultados. Los incentivos financieros estarán vinculados a medidas orientadas a optimizar el gasto público y a fortalecer la recaudación de impuestos provinciales.

Entre las obligaciones para las jurisdicciones, se propone reforzar los controles sobre el gasto en personal mediante sistemas centralizados de administración de nóminas y herramientas para detectar y corregir ineficiencias.

Asimismo, se contemplan medidas para reducir los déficits operativos de empresas estatales y mejorar la supervisión de los sistemas de pago de pensiones.

En materia de ingresos, se espera que las provincias participantes modernicen los registros de contribuyentes para ampliar la base de impuestos provinciales y de propiedad. El programa también busca impulsar una mayor transparencia fiscal al facilitar el cumplimiento de los requisitos de información del Tesoro Nacional.